Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción

2014
SENTENCIA T-849 de 2014 - ¿El Ministerio del Interior desconoce las garantías constitucionales de las comunidades indígenas, al considerar que no es necesario el procedimiento de consulta previa para ejecutar proyectos de explotación del suelo al interior la línea negra, cuando los mismos no se superponen con los hitos sagrados relacionados en la Resolución 837 de 1995, proferida por esa entidad? el ordenamiento jurídico colombiano, alimentado por los acuerdos que en materia de protección de comunidades indígenas ha suscrito la comunidad internacional, ha establecido de forma clara la obligación de consultar a las comunidades étnicas, cuando se vaya a celebrar un proyecto de exploración y explotación de sus recursos naturales, garantizando de esta forma sus derechos a la integridad cultural, a la igualdad y a la propiedad. La Consulta previa en estos escenarios, responde a la libertad que tienen los indígenas de ejercer su libre determinación, participando de forma efectiva en la decisión de adelantar o no proyectos que puedan afectar directamente, en el cual ellos ejercen plenamente y en comunidad el gozo de sus derechos
SENTENCIA T-731 de 2014 - ¿La entidad accionada vulneró los derechos fundamentales de la accionante al dejar de pagar la cuota de alimentos que se descontaba de la prestación de vejez de su hijo al fallecer este y al negarse a pagarle la pensión de sobrevivientes argumentando que la actora no tenía claridad en relación con la calidad del dinero que percibía mensualmente, el cual era una cuota de alimentos y no una pensión de sobrevivientes? La cuota alimentaria es una acreencia que se encuentra asegurada con el patrimonio del deudor alimentario, por virtud del cual, al momento de su muerte, dicha obligación se transmite a la sucesión. es claro que no es posible obtener el pago de una cuota alimentaria con cargo a la sustitución pensional reconocida a un tercero ajeno a la relación que dio origen a dicha obligación civil, salvo que en el expediente se acrediten : (i) Que se trate de un sujeto de especial protección constitucional; (ii) Que exista una sentencia judicial en la cual (a) se reconozca una acreencia alimentaria a favor del accionante, y (b) se asegure su pago con un porcentaje de una pensión de vejez o de invalidez; (iii) Que se encuentre probado en el expediente que persiste la necesidad del alimentado ; (iv) Que exista una sustitución pensional de la prestación con la que se aseguraba la cuota alimentaria; y (v) Que en caso de autorizarse el descuento de la cuota alimentaria no se afecten los derechos fundamentales de la persona beneficiaria de la prestación sustituida
SENTENCIA T-569 de 2014 - ¿El INCODER desconoce los derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital de los desplazados por la violencia al iniciar un proceso administrativo para revocar los subsidios integrales otorgados, por abandonar el predio asignado debido a amenazas de terceros? Concede. Se ha establecido que el retorno es una de las opciones a las que tiene derecho la población desplazada. Sobre este punto esta Corporación ha reiterado que el Estado tiene el deber de verificar que se cumplan las condiciones de seguridad en aquellos programas adelantados por él, con el acompañamiento hasta que el proceso para el restablecimiento socioeconómico se complete y haya plena garantía para la integridad física de las personas en el lugar escogido, ya sea para vivienda o para realizar un proyecto productivo. \El Estado tiene el deber de protección y restablecimiento a los derechos de la población desplazada por lo que debe disponer mediante las entidades encargadas, el cumplimiento de los planes y programas que garanticen el retorno, la reubicación y restitución de sus derechos. Se encuentra demostrado que existe en cabeza de los miembros de ASOPROURAPANES un derecho, aún insatisfecho, a recibir el subsidio integral para desarrollar un proyecto productivo, pues si bien, les fue asignado un predio por el INCODER, el Estado no les garantizó el retorno con las condiciones de seguridad necesarias, y como resultado de ello fueron desplazados nuevamente de ese lugar por un grupo de personas que los amenazaron. Así las cosas, se concluye que el INCODER fue negligente y no actuó de manera adecuada frente a los accionantes y la realización de su proyecto productivo, puesto que hizo caso omiso a las suplicas realizadas por los agenciados para ejecutar el retorno al predio o la asignación de uno nuevo cuando estos han ejecutado todas las acciones que están a su alcance para reivindicar sus derechos
SENTENCIA T-488 de 2014 - ¿Trasgrede el ordenamiento constitucional y legal colombiano la declaración de prescripción adquisitiva que efectúe un juez sobre un terreno baldío a través de un proceso de pertenencia? ¿Vulnera los derechos fundamentales a la debido proceso, la administración de justicia y la confianza legítima la negativa de una Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a inscribir un fallo judicial que declare la pertenencia sobre un bien baldío? Niega. La sentencia proferida el 20 de noviembre de 2012 declaró que el señor Escobar Niño había adquirido el derecho real de dominio de un predio sobre el cual existen serios indicios de ser baldío. Tal decisión desconoce la jurisprudencia pacífica y reiterada no solo de la Sala Plena de la Corte Constitucional , sino de las otras altas Corporaciones de justicia que han sostenido la imposibilidad jurídica de adquirir por medio de la prescripción el dominio sobre tierras de la Nación, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 160 de 1994(…)es claro que la única entidad competente para adjudicar en nombre del Estado las tierras baldías es el Incoder , previo cumplimiento de los requisitos legales. Los procesos de pertenencia adelantados por los jueces civiles, por otra parte, no pueden iniciarse -también por expreso mandato del legislador- sobre bienes imprescriptibles.(…)incluso la decisión de un juez de la República, formalmente válida, puede ser desatendida por el funcionario responsable cuando este advierte que la providencia trasgrede abiertamente un mandato constitucional o legal inequívoco.(…)el registrador motivó la nota devolutiva invocando el principio de legalidad previsto en la Ley 1579 de 2012 y explicando, a renglón seguido, que "la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables solo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto colombiano de la reforma agraria [hoy Incoder]" .Así las cosas, el yerro advertido por el registrador era evidente en tanto la decisión judicial recaía sobre un terreno que carecía de registro inmobiliario, por lo cual era razonable pensar que se trataba de un bien baldío. De igual manera, en la nota devolutiva se advirtió que los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores sino una simple expectativa, de acuerdo al marco legal vigente
logoaj
Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Marco Legal de la Palmicultura"
ISSN [EN TRAMITE]
Última actualización: 30 de junio de 2018